Siete años

La Asamblea Nacional del Ecuador aprobó el 20 de octubre de 2026, con 144 votos a favor, una reforma a la legislación contra la trata de personas. Entre sus disposiciones, el matrimonio infantil pasa a castigarse con hasta siete años de cárcel, y cuando la víctima es menor de edad basta con que se realice alguna de las conductas descritas con fines de explotación, sin necesidad de probar engaño, violencia o intimidación.

Ese segundo punto es el técnicamente decisivo, aunque sea el menos titular. En la práctica anterior, buena parte de los casos de trata de adolescentes se caía porque la defensa argumentaba consentimiento: la chica se fue voluntariamente, aceptó el trabajo, conocía al reclutador. Eliminar el requisito de probar los medios comisivos cuando la víctima es menor cierra ese argumento. Un menor no consiente su propia explotación, y ahora la ley lo dice sin ambigüedad.

El matrimonio infantil merece su propio párrafo porque suele leerse como un asunto de otras latitudes. No lo es. En las zonas donde la explotación se negocia dentro de la familia, la unión formal o informal con un adulto es el mecanismo que la vuelve respetable: deja de ser un delito visible y pasa a ser un arreglo doméstico. Penalizarlo le quita esa cobertura.

Ahora bien, la experiencia con cada reforma anterior aconseja moderar el entusiasmo. Esta sección ya documentó que en Ecuador apenas el 2,6 por ciento de las denuncias de violencia sexual escolar llegó a juicio, y que la mitad de las destituciones de docentes se revirtió por defectos de forma. El texto legal es la parte barata del cambio. La cara es la capacidad de investigación, la formación de operadores y el acompañamiento que sostiene a una familia durante años de proceso.

Lo que sí cambia desde hoy, y es real, es el argumento disponible. Una familia que llega a una fiscalía con esta norma en la mano tiene algo que antes no tenía. Que esa norma funcione depende de cuántas veces se la invoque, y eso no lo decide la Asamblea.