Lo que no se cuenta

Reportajes de investigación sobre la frontera colombo-venezolana coinciden en una constatación que vuelve inútiles casi todas las estadísticas disponibles: las desapariciones de niñas, niños y adolescentes con frecuencia no se denuncian ante los organismos de seguridad de ninguno de los dos países. No hay un registro bajo, hay una ausencia de registro.

Las razones son acumulativas. La familia está indocumentada y teme el contacto con la autoridad. El cruce fue irregular y denunciar implica admitirlo. La autoridad del lado donde ocurrió el hecho no es la misma del lado donde vive la familia, y ninguna de las dos se considera competente. Y en algunos tramos, quien debería recibir la denuncia tiene relación con quien se llevó al niño.

El efecto en la política pública es devastador y poco discutido. Los recursos se asignan según cifras; las cifras se construyen con denuncias; donde no hay denuncias, el problema no aparece en ningún tablero y por lo tanto no recibe presupuesto. Las zonas con mayor subregistro terminan siendo, de manera sistemática, las menos atendidas. El silencio se autofinancia.

Esto obliga a leer con cuidado toda esta sección. Cada cifra que publicamos —30.980 víctimas en escuelas ecuatorianas, 1.506 casos de Cecodap, 7.165 en Venezuela— mide lo que llegó a un registro. Ninguna mide lo que pasó. Cuando una cifra sube, suele significar que mejoró el registro; cuando baja en una zona en crisis, casi nunca significa que mejoró la situación.

Hay algo que una organización comunitaria puede hacer con esto, y es más importante de lo que suena. Documentar. Un registro local serio, con fechas, tipo de hecho y seguimiento, aunque la denuncia formal no prospere, convierte una percepción en evidencia. Varias de las políticas que hoy existen empezaron como el cuaderno de una organización pequeña que anotó lo que nadie estaba contando.