El cupo como rehén

Cecodap documenta que en alrededor del 50 por ciento de los casos que atiende, la víctima y su familia no formalizan la denuncia. Suele explicarse por miedo o vergüenza, y ambas cosas son reales. Pero hay una razón material que casi nunca se nombra: cuando el hecho ocurrió dentro de la institución educativa, denunciar pone en riesgo el cupo escolar del niño y, con frecuencia, el de sus hermanos.

En contextos donde conseguir matrícula cuesta meses de gestión, donde el transporte a otra escuela es inviable y donde el plantel es también el lugar donde el niño recibe alimentación, ese riesgo no es abstracto. Una madre que calcula que denunciar significa dejar a tres hijos sin escolarizar por un año no está siendo cómplice: está haciendo una aritmética que el sistema le impuso.

La consecuencia es que el subregistro no se reparte al azar. Se concentra justamente donde la familia tiene menos alternativas, es decir, donde el niño está más expuesto. Los casos que llegan a los registros tienden a ser los de familias con margen. Toda cifra oficial de violencia escolar debe leerse con esa inclinación en mente.

Romper ese nudo es, por una vez, bastante concreto. Garantía de continuidad educativa como medida automática al presentarse una denuncia: la autoridad asegura el cupo, en el mismo plantel con separación del presunto agresor o en otro equivalente, con transporte cubierto si hace falta. No es una reforma cara. Es cambiar el orden de quién asume el costo del proceso.

Mientras la norma no lo garantice, una organización comunitaria puede hacerlo a escala pequeña: gestionar el traslado, cubrir el transporte durante el proceso, acompañar la matrícula. Suena menos épico que litigar, y en los hechos es lo que decide si una denuncia existe o no. Casi nunca se abandona un caso por falta de convicción. Se abandona por falta de logística.