El 12 por ciento

Cecodap, la organización venezolana con el registro más consistente sobre violencia contra la niñez en el país, ha documentado la distribución de presuntos agresores en los casos que atiende: madres en primer lugar con un 25 por ciento, padres con un 20 por ciento, y docentes en tercer lugar con cerca del 12 por ciento, con presencia destacada de personal directivo.

Ese tercer lugar merece una lectura cuidadosa. No dice que las escuelas venezolanas sean peligrosas; dice que la escuela es, después de la casa, el lugar donde un adulto pasa más horas con un niño. El riesgo sigue a la proximidad. Y dentro de la escuela, el dato sobre personal directivo apunta a otra variable: no es solo el tiempo de contacto, es la asimetría de poder. Quien puede decidir sobre una calificación, una sanción o una matrícula tiene una herramienta de silencio que un docente de aula no tiene.

Cecodap señala además que en la mitad de los casos que remite, la víctima y la familia no formalizan la denuncia. Cuando el presunto agresor dirige la institución en la que estudia el niño, esa decisión se entiende sin dificultad: denunciar implica, en la práctica, perder el cupo escolar.

La respuesta que la propia organización plantea es formación obligatoria de docentes en prevención del abuso sexual. Tiene un efecto doble que no es obvio. Un claustro formado detecta antes los casos que ocurren fuera de la escuela —que son la mayoría— y, al mismo tiempo, un claustro que sabe reconocer señales es un claustro donde es más difícil operar desde dentro. La formación no es solo capacidad técnica: es testigos competentes.

En el informe anual más reciente, Cecodap reportó 1.506 casos de violencia intrafamiliar y agresión sexual, junto con un aumento del 31,5 por ciento en ideación suicida entre adolescentes. Las dos cifras pertenecen al mismo expediente, y la escuela es el único lugar donde alguien puede verlas a tiempo todos los días.