Sin protocolo, sin fondos

La legislación chilena establece que toda organización deportiva debe adoptar medidas para prevenir y sancionar el acoso sexual, el abuso sexual, la discriminación y el maltrato. Y añade la pieza que le da fuerza: las organizaciones que quieran optar a beneficios o recursos públicos deben acreditar haber adoptado el protocolo elaborado por el Ministerio del Deporte.

Esa condición cambia la naturaleza del asunto. Un protocolo recomendado es un papel que se firma y se guarda; un protocolo exigido para recibir financiamiento se implementa, porque hay alguien revisando.

El mismo marco contempla figuras específicas de protección, entre ellas la del defensor del deportista menor de edad, y capacitación para detectar y prevenir la violencia. La literatura sobre el caso chileno reconoce ambas como medidas efectivas.

La idea es exportable más allá del deporte y no requiere una ley nacional para empezar. Un municipio puede condicionar el uso de sus canchas, un ministerio sus transferencias, una empresa su patrocinio y una fundación su donación a que la organización receptora acredite protocolo, verificación de antecedentes y canal de denuncia.

Para quien dona, esto se traduce en una pregunta de dos líneas antes de firmar: ¿qué política de salvaguarda tiene esta organización y quién verifica que se cumple? Una fundación seria agradece la pregunta. Las demás no la responden.